Convención Constitucional: más sombras que luces

Constanza Hube

No cabe duda de que la agenda de la Convención Constitucional ha estado marcada estos días por el engaño del convencional Rojas Vade. Sin embargo, más allá del bochornoso incidente ocurrido, y la falta de liderazgo mostrado por la Mesa Directiva al no adelantarse a las repercusiones que este hecho tendría para la Convención, luego de dos meses de funcionamiento ya es posible hacer un balance. A continuación, algunas líneas de las luces y sombras.

De luces, muy poco. Se ha avanzado en el trabajo de las comisiones provisorias, que tienen por objeto proponer un Reglamento que determine el funcionamiento y reglas de votación de las normas constitucionales. Este es un debate que nos tomará todo el mes de septiembre.

De sombras, bastante más. La declaración de la Convención pidiendo la libertad a los mal llamados "presos políticos", excediendo las facultades y atribuciones que la Constitución le otorga a este órgano; el aumento de las asignaciones (tres veces lo estimado), aún cuando cada uno de los convencionales tenían claro al momento de asumir, cuál sería el monto de aquellas; el silencio cómplice de la Presidente de la Convención en cuanto a no llamar a deponer las armas, validando implícitamente la violencia como método de acción política; la eliminación del concepto de República de Chile del Reglamento, no por razones técnicas, sino que porque se estima que es un concepto "invasor", aún cuando se encuentra explícitamente establecido en la Constitución que el carácter de república democrática de Chile no se puede alterar; son solo algunos ejemplos de estas sombras.

En este contexto, quizás uno de los temas más delicados es el documento que presentó la Comisión de Ética, el que si bien no es definitivo -aún debe ser ratificado por el pleno-, algunas de sus disposiciones son gravísimas. Entre los elementos de la propuesta se encuentra el concepto de negacionismo, como un intento de clausura o exclusión de ciertas visiones, algo que resulta incompatible con los estándares democráticos, donde el eje es precisamente el derecho a la libertad de expresión sin censura previa.

Más complejo aún es que una suerte de "comisión de la verdad" le otorgará la potestad a un grupo para que discrecionalmente determine qué puntos de vista pueden ser expresados y cuáles no, sancionando a los convencionales, no sólo con multas, sino que con la imposibilidad de poder hacer uso de la palabra por una determinada cantidad de días y el envío de los convencionales a "clases de formación".

Más allá del caso particular de Rojas Vade, las personas depositaron su confianza en este proceso, que hasta el momento ha traído más dudas que certezas. ¿Qué mensaje estamos enviando a la ciudadanía si el órgano llamado a redactar el texto que limita el poder para proteger sus derechos no es capaz de reconocer los límites del suyo?

Si no enmendamos el rumbo, no sólo frustraremos definitivamente las expectativas sobre la CC, sino que además estaremos minando la democracia.